SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0561/2019-S3
Fecha: 09-Sep-2019
I.1.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, encontrándose en etapa de juicio oral, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción e incidente de actividad procesal defectuosa, ante la falta de prueba objetiva que demuestre la existencia de “…DINERO DEL ESTADO QUE CUYA PERDIDA SEA PRESUNTAMENTA ATRIBUIDA…” (sic) a su persona y a la coimputada; y, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 341 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en la acusación formal; excepción e incidente que fueron resueltos mediante Auto Interlocutorio 01/2018 de 9 de enero, por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, declarándolos fundados y con lugar; decisión que fue objeto de apelación incidental por parte de la Fiscalía Departamental de Tarija, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija en calidad de víctima y como “…tercero ajeno al proceso…” (sic) el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
En ese sentido, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Auto de Vista 79/2018 de 20 de julio, declaró con lugar las apelaciones formuladas, revocando la decisión de extinguir la acción penal por prescripción, sin fundamentar, motivar ni valorar correctamente la prueba aportada, además de no tomar en cuenta las contestaciones a los recursos de apelación planteados; invalidando los fundamentos de la decisión que lo liberó de un proceso injusto, basado en una interpretación errónea y restrictiva del principio de irretroactividad de la ley; puesto que, en la gestión -2008- en que se originaron los supuestos hechos que se le endilgan, no se encontraba vigente la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 -Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”-; por último, la permisión de que un tercero como el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, sea recurrente sin tener legitimación activa para tal efecto, resulta impertinente.
- acciones de amparo constitucional
- I.1.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.2.1.1 Hechos que motivan la acción
- I.2.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.2.1.3. Petitorio
- I.2.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional
- I.2.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.8.
- iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa -argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces
- a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- Fragmento 19
- III.2. Del contenido esencial del derecho a la debida fundamentación y motivación
- Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia
- Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada.
- Fragmento 23
- III.3. De la fundamentación y motivación de las resoluciones en segunda instancia. Jurisprudencia reiterada
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.2. De la denuncia de interpretación errónea y restrictiva de la Constitución Política del Estado y del ordenamiento jurídico; la incorrecta valoración de la prueba; y, la vulneración de los restantes derechos
- 2º