sENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0955/2019-s1

La parte peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda constitucional y en audiencia ampliándolo señaló que, la prueba de cargo producida no fue considerada por la autoridad originaria; toda vez que, no motivó ni fundamentó en que parte concretamente del Acta de Transacción de 1974, se hace referencia a cada punto, cada mojón o lindero, cómo identificó y de qué manera concluyó que esos límites son los que dividen, y si es evidente que se hubiere afectado y avasallado la posesión de los ahora parte accionante; es decir, hizo una fundamentación jurídica pero no fáctica porque no explicó en qué elementos de prueba se basó para identificar a los poseedores de las tierras en conflicto, quien las trabajaba y desde cuándo, extremos demostrados por la inspección judicial efectuada y las declaraciones de los testigos del lugar que no pueden ser acreditados por el documento transaccional presentado, que si bien puede servir de referencia; empero, no informa de forma relevante los aspectos esenciales para arribar a una solución concreta del conflicto, máxime si se tuvo el auxilio del Juez Agroambiental de Curahuara de Carangas -del departamento de Oruro- junto con su equipo técnico, quienes debieron identificar las coordenadas de todos los terrenos y si los lugares que están poseyendo las partes en conflicto les pertenecen.