SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2020-S3

Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, ésta se constituye en una garantía jurisdiccional extraordinaria, que hace posible la materialización de los derechos y/o garantías constitucionales, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados de restricción y/o supresión por particulares o los servidores públicos; en ese sentido, esta acción tutelar no puede ser utilizada como si se tratase de una instancia más dentro de procesos ordinarios, administrativos o disciplinarios en los que se susciten supuestos actos ilegales, así la jurisprudencia emitida por este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que, este mecanismo de defensa no implica una instancia procesal ni casacional supletoria, debiendo entender de ello, que la jurisdicción constitucional no ejerce la atribución de un revisor de los actuados de otras instancias; en ese sentido, la SCP 0294/2012 de 8 de junio, que a su vez cita a la
SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, determinó que la referida acción de defensa: ‘‘‘…no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas”’ (Entendimiento reiterado en la SC 1687/2012 de 1 de octubre, entre otras).

A esto, es pertinente añadir que la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, indicó que: “…esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios; el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esa labor particular, al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial”.

En ese mismo sentido, resulta importante enfatizar que la acción de amparo constitucional no se constituye en una instancia procesal adicional que forme parte de las vías legales ordinarias o administrativas, en cuyo entendido, la SCP 0109/2019-S1 de 10 de abril, asumió el siguiente razonamiento: “Respecto a la naturaleza jurídica y alcance del amparo constitucional como acción de defensa, la SCP 0039/2012 de 26 de marzo señala que: ‘La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), ha sido instituida contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez.

Consecuentemente, dado este su carácter extraordinario, la acción de amparo constitucional no puede ser considerada como un medio de defensa o recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional que forme parte de las vías legales ordinarias de impugnación, a la que puedan acudir los litigantes perdidosos frente a una determinación judicial que les resulte adversa, pues esta acción tutelar fue concebida más bien como un mecanismo subsidiario de defensa de los derechos fundamentales’”.