SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0133/2020-S3
Fecha: 17-Mar-2020
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Presentó recurso de nulidad sustancial ante el Juzgado Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, respecto a un proceso de divorcio, fundando su pretensión en que el demandante, Justo Fernández Espejo -hoy tercero interesado-, tiene registrados dos certificados de matrimonio, el primero de 20 de julio de 1968 con Petrona Soto Aruquipa y el segundo de 28 de junio 1976, con Adelia Rojas Guevara -madre de la hoy impetrante de tutela-; no obstante, el prenombrado tercero interesado, solo pretende tener como válido el segundo matrimonio al haber solicitado el divorcio respecto al mismo ante la referida autoridad judicial.
Rechazado el supra citado recurso por el Juez a quo, apeló dicha determinación, que fue conocida por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Santa Cruz; la cual, por Auto de Vista 065/2018 de 20 de noviembre rechazó su pretensión; sin embargo, la referida Resolución no se pronunció sobre los agravios claramente establecidos en su apelación; sino, que se fundó en el principio de preclusión, sin considerar que la nulidad planteada era sustancial y no procesal; asimismo, tal determinación se fundamentó sobre el art. 107.II del Código Procesal Civil (CPC), sin considerar que la pretensión de divorcio perseguida por el demandante era inviable puesto que la normativa no reconoce un segundo matrimonio, no pudiéndose hablar sobre actos consentidos debido a que la supuesta voluntad de las partes no puede validar lo no reconocido en la normativa como es la bigamia.
Por otra parte, indicó que las autoridades judiciales -hoy demandadas-, no se pronunciaron sobre la línea jurisprudencial en la que fundó su solicitud, respecto a la nulidad sustantiva como es la cosa juzgada aparente para prevalencia del principio de verdad material; tampoco valoraron la prueba presentada como ser los certificados de matrimonio adjuntados, teniéndose así que, la Resolución cuestionada, estaría en contra de una de las causales de nulidad del matrimonio según el art. 168.I.c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF), validando un segundo matrimonio y ocasionando que se la despoje de un inmueble que perteneció a su madre y que le fue dejado para su persona y hermanos.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones
- el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.
- decisión sin motivación
- fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno
- La fundamentación
- toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- En cuanto a la motivación
- debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido
- los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces
- resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución
- por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas
- III.4. Análisis del caso concreto
- ii)
- b)
- c)
- III.4.1.1 Sobre la alegada conculcación del derecho al debido proceso en su vertiente congruencia
- III.4.1.2 Sobre la alegada lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación
- III.4.1.3 Sobre el cuestionamiento a la interpretación de la legalidad ordinaria
- III.4.1.4 Sobre la valoración de la prueba
- III.4.2. Sobre la presunta vulneración de los derechos a la defensa, a la igualdad de partes, así como a la seguridad jurídica
- III.5. Otras consideraciones
- CONFIRMAR
- 2° EXHORTAR a