SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0217/2020-S2

El derecho de participación política, está comprendido dentro de los derechos políticos consagrados en el Título II, Capítulo Tercero, Sección II, arts. 26 al 29 de la CPE, que en su art. 26.I estipula: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por intermedio de sus representantes, sea de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

Asimismo, el derecho a ejercer la función pública se encuentra inmerso en el derecho a la ciudadanía establecida en el art. 144 de la Ley Fundamental, misma que tiene dos dimensiones; por un lado, comprende el derecho a concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público; y por otro, comprende el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

Este derecho está íntimamente relacionado al derecho al trabajo del cual debe gozar el funcionario público y que se encuentra comprendido en el art. 46.I de la Norma Suprema, que establece que toda persona tiene derecho: “1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; y, 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”.

En este sentido, la SC 0657/2007-R de 31 de julio, indicó: “…el impedir desempeñarse a una persona en el cargo para el cual ha sido electa o designada, o el alterarle de cualquier manera el correcto desarrollo de sus funciones, afectan gravemente su derecho a ejercer esa función pública, y también el derecho al trabajo; ya que éste consiste en: ‘(…) la potestad y facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos colocados bajo su dependencia económica, en sí es la facultad que tiene la persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario, así como el de su familia’ (SC 0051/2004 de 1 de junio)…”.