SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0561/2020-S3

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene el cumplimiento íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral que resolvió de manera fundamentada su reincorporación inmediata al puesto que ocupaba a momento del despido injustificado; y, b) El pago de sueldos devengados y cualquier otro beneficio inherente, con costas daños y perjuicios.

Celebrada la audiencia pública el 15 de noviembre de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 267 a 273 vta., encontrándose presentes el accionante asistido de su abogada, los representantes legales de la autoridad accionada, así como la Jefatura Regional del Trabajo de El Alto, se produjeron los siguientes actuados:

En audiencia precisó que, los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir las leyes conforme el art. 235 de la CPE; por cuanto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social señala que efectivamente hubo un incumplimiento del Decreto Supremo y de cierta normativa; empero, manifestó que: a) En ningún momento el ahora accionante puso en conocimiento de la entidad edil que tiene bajo su cargo una persona con discapacidad, realizando esta alegación en audiencia de acción de amparo constitucional; b) La Dirección de Talento Humano del GAM de El Alto del departamento de La Paz, entregó un contrato para la reincorporación del peticionante de tutela, en la misma condición en la que se encontraba; es decir, en el mismo cargo; por cuanto, se cumplió con la parte resolutiva; c) Cuestiona cómo se puede pedir cumplir una conminatoria aparentemente inejecutable no siendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social expreso y exacto, generando confusión, pues emitiéndose los informes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de que se procederá a realizar las contrataciones en las mismas condiciones, se deja a la entidad ahora accionada en indefensión ante esta situación; y, d) La conminatoria en ningún momento refiere que la entidad edil debe crear ítems de acuerdo a lo establecido en la Ley de Administración y Control Gubernamentales que establece un marco de presupuesto, siendo que el Gobierno Municipal sólo puede utilizar el 25% de su presupuesto en el aparato administrativo; es decir, para contratar personal administrativo, no pudiendo realizar actos en contra de la normativa ni sobre el presupuesto, pues si quisieran ajustar el presupuesto para la creación de ítems debe hacerse ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo cual es contrario a la Conminatoria generando el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social un conflicto con su interpretación, no siendo su resolución concreta y precisa, solicitando nuevamente se deniegue la tutela.