SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2021-S2

A tiempo de pronunciarse sobre el derecho a la educación, refirieron que: “En definitiva y a efectos demostrativos de la vulneración del derecho a la educación, debemos concluir que las garantías de este derecho, son de prohibición de actos administrativos, decretos, leyes y toda forma de actuación estatal, que impida la existencia o el funcionamiento de instituciones educativas privadas, o que impidan o eviten el acceso a estas instituciones; o que de alguna forma perturben, perjudiquen o imposibiliten la continuidad en el funcionamiento de entidades educativas privadas” (sic).

“… se dicte sentencia constitucional de acción popular estableciendo y dictaminando que las cámaras demandadas no puedan tomar una decisión discrecional respecto a las pensiones que se cancelan en los colegios particulares y si van a dictar una ley esta deberá tomar en cuenta aquellos parámetros que tanto el Ministerio de Educación como ellos mismos han establecido al principio de este proyecto de ley que garantice el funcionamiento del os colegios mediante la garantía o mediante el cálculo que debe tener economía suficiente para el pago de las planillas al 100% a los profesores, al plantel administrativo y de servicio de pago de servicios básicos , telefonía, internet el pago de impuestos y una asignación del 15 % del total de las planillas como utilidades para las unidades educativas…” (sic).

Afirmaciones que tienen estrecha relación con su petitorio, en el que solicitaron que la jurisdicción constitucional, disponga que la autoridad demandada “…a tiempo de considerar cualquier proyecto de ley respecto al monto de pensiones que se pagan a los colegios privados, tome en cuenta que esta deba garantizar el funcionamiento de los colegios, mediante el estudios económico financieros, de acuerdo a la realidad y necesidades de cada unidad educativa, evitando imponer rebajas que ocasionen insostenibilidad económica que provoque el cierre de los colegios privados” (sic).