SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2021-S3

De acuerdo a su configuración constitucional, la presente acción tutelar se constituye en un mecanismo de defensa extraordinario, que se encuentra enmarcado bajo los principios de subsidiariedad e inmediatez como directrices esenciales que hacen a su naturaleza jurídica, los cuales se hallan establecidos a partir del art. 129 de la CPE.

En cuanto a la inmediatez, la basta jurisprudencia constitucional dejó sentado que el mismo se constituye en un verdadero plazo de caducidad del derecho a acudir a la justicia constitucional, al respecto la SC 1620/2004-R de 8 de octubre, señaló que dicho principio se encuentra sustentado “…básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos", es así que para la acción de amparo constitucional se estableció como un plazo razonable para su interposición el término máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial -art. 129.II de la CPE-.