SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0116/2021-S3

Con relación al primer agravio; establecieron que la demanda de anulabilidad de venta de cuota propietaria más resarcimiento de daños y perjuicios interpuesto por el accionante, se encontraba sustentada entre otra causa en la violencia ejercida al momento de la otorgación del Poder Notarial 182/2000; con el cual, se hubiera realizado la transferencia cuestionada, lo que dio lugar al Testimonio 8 de 18 de enero de 2005; y no en los hechos emergentes de la inspección ocular realizada a la Notaría de Fe Pública Decimoctava de la Capital del departamento de Oruro, como emergencia del proceso judicial; es decir, en la inexistencia del protocolo notarial de dicho mandato, por lo que con base al principio de congruencia externa, mal podrían el Juez de primera instancia y el Tribunal de apelación pronunciarse al respecto. A mayor abundamiento, alegaron que bajo la teoría bipartita de protección del acto jurídico, la nulidad y anulabilidad tienen por finalidad la invalidez de un determinado acto jurídico por ausencia de un requisito esencial para su formación, con la consecuencia de retrotraerse al momento de su formación. En ese sentido, conforme a lo establecido en el art. 546 del CC, su determinación debe ser por medio de una sentencia declarativa, emergente de un proceso judicial donde las partes tengan la oportunidad de defenderse, situación que no acontece en el presente caso, pues no existe resolución judicial alguna que determine la invalidez del documento con el cual se pretende la acción reivindicatoria, quedando expedita la vía llamada por ley para reclamar lo observado.