SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2021-S4

           Por otro lado, dada la coyuntura actual, en la que a nivel mundial enfrentamos una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, que se constituye en un riesgo para la vida, salud e integridad de la población en general; todos los Estados se vieron en la necesidad de asumir medidas sanitarias, económicas, políticas y otras, para enfrentar la misma, cambiando incluso las formas de convivencia social; ello, repercutió en nuevas consideraciones con relación a los grupos vulnerables ante dicha pandemia; entre ellos, los privados de libertad; en virtud de lo cual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo de sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre Libertad de Expresión, en ejercicio de su mandato, adoptó el 10 de abril de 2020, la Resolución 1/2020, bajo la denominación de “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, conteniendo en ella estándares y recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos; recomendando a los gobiernos de los Estados miembros respecto a los privados de libertad, lo siguiente: “45. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.