SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2021-S4
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2021-S4

Fecha: 26-Jul-2021

se evalúen las solicitudes

           46. Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.

           47. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica.

           48. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, asegurar que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un estricto juicio de proporcionalidad” (las negrillas fueron agregadas).

           De lo que se concluye que si bien a raíz de la pandemia, debe considerarse los grupos vulnerables con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, a objeto de aplicar medidas alternativas a la pena de prisión; sin embargo, la factibilidad de aquello se sujeta a una evaluación de las instancias competentes según los antecedentes y normativa pertinente a cada caso, no pudiendo argumentarse como suficiente la sola existencia del riesgo de contagio; para lo cual, según la normativa nacional desarrollada supra, cada centro penitenciario cuenta con la asistencia médica necesaria.