Auto Supremo AS/0642/2015

Para ello, partimos anotando que el derecho laboral en base a sus principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo desarrollado en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación; en ese sentido, la Constitución Política del Estado (CPE), como norma jurídica fundamental, consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, normando el art. 48, que prevé: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”; en el mismo sentido, el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), reconoce la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, castigando con la nulidad cualquier convención en contrario