Ingresando al análisis de la presente problemática, de la revisión de antecedentes, se tiene que
Ingresando al análisis de la presente problemática, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Sentencia 6/2014 de 20 de mayo, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Jorge Vicente Olivares Arana, absuelto de la comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias y Malversación; a cuyo efecto, interpusieron recurso de apelación restringida el Ministerio Público, el imputado y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, respectivamente, siendo resueltos por Auto de Vista 88/2015 del 15 de diciembre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedente el recurso de apelación restringida formulado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y, dispuso anular la Sentencia, ordenando la reposición del juicio bajo los siguientes argumentos: 1) Respecto al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, constató que: i) En lo que respecta al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado previsto por el art. 221 del CP, Jorge Vicente Olivares Arana (imputado) suscribió el contrato 689/2003 de 25 de julio entre el SNC y la empresa Conosur, con el objeto de la prórroga en la concesión del cobro de peaje en el departamento de Cochabamba, en el cual existiría una cláusula de desistimiento Judicial a favor de dicha empresa y ello se reflejaría de dicho contrato signado como prueba documental de cargo MP13. De donde se tenía el encuadramiento de dicho penal, como ser la condición de servidor público, la suscripción de un contrato en razón del cargo público y el posible perjuicio al Estado; y, la existencia o no de la prohibición legal de alguna conciliación donde sea parte el Estado que no había sido respondido en la Sentencia; por lo que, se contaría con elementos constitutivos del tipo penal; ii) Que en relación al tipo penal de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas; el imputado habría suscrito el contrato 689/2003 de 25 de julio entre el SNC y la empresa Conosur, con el objeto de la prórroga en la concesión del cobro de peaje en el departamento de Cochabamba, en el cual existiría una cláusula de desistimiento judicial a favor de dicha empresa y ello se reflejaría de dicho contrato y signado como la prueba MP13. De lo que se tendría el encuadramiento del tipo penal; iii) Que, respecto al tipo penal de Uso Indebido de Influencias y Malversación, en la misma línea el imputado al tener el cargo público de Gerente Administrativo Financiero y existiendo la prueba MP13 relativo a la suscripción de un contrato, en tal calidad habría suscrito dicho contrato con la empresa Conosur, en torno a ello tenía nuevamente la identificación de elementos constitutivos del tipo penal. Concluyendo respecto a esta denuncia la mala aplicación de los arts. 221 (Contratos Lesivos al Estado), 224 (Conducta Antieconómica), 144 (Malversación) y 150 (Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de Funciones Públicas), todos del CP, explicando, que ante la existencia y presencia de elementos que serían constitutivos de los tipos penales que fueron acusados, el Tribunal a quo no habría efectuado una debida subsunción de los hechos a los tipos penales y en mérito a ello invocó el Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, que señala “La subsunción supone la concreción de la norma esencialmente abstracta (tipo penal) y general al caso concreto y particular (hecho o hechos), que haya sido objeto de juicio (…) y como labor inmediata, una vez concluido la valoración de la prueba establecidos los hechos probados y no probados, el juzgador debe verificar la existencia y materialización del verbo rector en la conducta del imputado dentro de él o los hechos debatidos en juicio, es decir realizar un enjuiciamiento jurídico del hecho, para después realizar el mismo trabajo de coincidencia para la restante estructura del tipo penal”, aseverando, que dicho razonamiento no se fundamenta en el caso de autos
- Por memorial presentado el 19 de abril de 2016, cursante de fs
- I.1. Antecedentes
- b) Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (2720 a 2721 vta
- I.1.1. Motivo del recurso de casación
- El recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido es contrario al Auto Supremo 267/2013-RRC
- El recurrente solicita se admita su recurso y verificadas las vulneraciones y actuaciones contrarias a
- I.2. Admisión del recurso
- Mediante Auto Supremo 709/2016-RA de 19 de septiembre, cursante de fs
- II.1. De la Sentencia
- b) Referente a la participación del imputado en el quinto hecho; al respecto, cumplió funciones
- La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de
- Bajo este análisis racional se identifica la mala aplicación de la Ley, particularmente de los
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- En el caso presente, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción
- III.1. Del precedente invocado
- El Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, fue dictado por la Sala Penal Segunda
- En primer término, y como labor inmediata, una vez concluida la valoración de la prueba
- De este modo la selección e interpretación del tipo penal y su adecuada subsunción no
- III.2. Análisis del caso concreto
- Denuncia el recurrente que el Auto de Vista impugnado incurrió en contradicción con el Auto
- Ingresando al análisis de la presente problemática, de la revisión de antecedentes, se tiene que
- Continuando con los argumentos del Auto de Vista recurrido, alegó que respecto al defecto del
- Respecto al defecto del art
- En cuanto a la denuncia de contradicción entre la parte dispositiva y considerativa en previsión
- De los argumentos expuestos se tiene que el Auto de Vista recurrido no efectuó una
- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art
- Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos
