Auto Supremo AS/0326/2018-RRC

En cuanto al único motivo de casación admitido, en el que la parte recurrente alega que, en su recurso de apelación restringida denunció la errónea aplicación de la ley adjetiva penal en el proceso de valoración de la prueba, constituyendo el agravio en defectuosa valoración de la prueba con relación al testimonio de Feliciana Aguirre, coherente esta con el Certificado Médico Forense además del dictamen pericial de Biología Forense, denunciando al respecto que el Auto de Vista se limitó a ratificar las conjeturas manejadas por el Tribunal de Sentencia, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 91/2006 de 28 de marzo, referido a la valoración probatoria y el deber del Tribunal de alzada al respecto; advirtiéndose que el mencionado precedente contradictorio, en la parte referida, es señalado en forma textual en su recurso, motivo de autos, el que también hace alusión al actuar que debe tener el Tribunal de apelación, observado por el recurrente en sentido de que habría fundamentado en sentido de que el Tribunal de Sentencia, realizó valoración descriptiva de la prueba y luego la valoración intelectiva y que además ajustó su labor a las reglas de la sana crítica, pese a que según el recurrente hubo valoración errónea por parte de los Jueces Técnicos. En ese sentido y a los fines de efectuar la labor de contraste corresponde desarrollar el referido precedente:

Así, el Auto Supremo 91/2006 de 28 de marzo, fue emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra EADP, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, teniéndose como antecedente la revaloración de los hechos y de elementos probatorios, siendo este el antecedente que dio origen a la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:

"DOCTRINA LEGAL APLICABLE: que, la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico”