Auto Supremo AS/1003/2019-RRC

Debemos incidir en el principio de legalidad; Feurerbach proporcionó la fórmula general de este principio: “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, nadie puede ser sancionado si la conducta y la pena no se encuentran previstas con anterioridad en una norma con rango de ley, sus antecedentes se encuentran en la Carta Magna de Juan sin Tierra, los Fueros Españoles y más antiguamente en el Digesto de Justiniano, y revisando los antecedentes modernos, encontramos las declaraciones de Filadelfia de 1776 y de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. En nuestro sistema normativo penal, se encuentra expresamente previsto en el art. 116.II de la CPE y el art. 4.I del CP. Este principio comprende tres garantías centrales y cuatro exigencias adicionales, entre las primeras tenemos las Garantías: Criminal, Penal y Jurisdiccional, la primera de estas garantías es más conocida con el aforismo Nullum crimen sine lege, que impide sancionar un comportamiento si no está previamente descrito como delito en la ley, principio recogido por el Código Penal boliviano en su art. 4.I que señala: “Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió...”. Asimismo, forman parte de las exigencias adicionales: Lex previa, lex certa, lex scripta y lex stricta, a la segunda también se la conoce como principio de taxatividad o tipicidad, que prevé que la ley penal debe recoger el comportamiento punible de manera precisa. Sobre este principio, en lo que toca a la labor del juez en la subsunción del hecho al tipo penal, este Tribunal, en el Auto Supremo 085/2012-RRC de 4 de mayo señaló: “Bajo el marco de aplicación descrito precedentemente en relación al principio de legalidad, es preciso la aplicación de una faceta más estricta del mismo, a saber, el principio de certeza o taxatividad en la formulación del tipo penal, lo que configura la tipicidad; este principio en materia penal, obliga a los juzgadores someterse a la voluntad de la ley, debiendo en esa sumisión emitir resoluciones realizando una tarea objetiva y precisa de subsunción de los hechos juzgados a los tipos penales acusados, que evidencien ecuánimemente el encuadramiento perfecto sin lugar a dubitaciones de las conductas antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal