Auto Supremo AS/0735/2019

Bajo ese marco, la correcta e imparcial tramitación de los procesos, se encuentra regulada por el Código adjetivo supra referido, el cual establece en su artículo 5 que: “Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros…”, determinando asimismo en su artículo 6, la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y reconociéndose entre los principios que rigen la tramitación de los procesos, el de legalidad, que contemplado en su artículo 1-2) dispone que, “La autoridad judicial, en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley”; entendiéndose de tal manera que, las normas procesales al ser de orden público son de cumplimiento obligatorio, y por tanto tienen el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación