ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 46/2021. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 19 DE MAYO DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.

• El proceso legislativo se llevó a cabo en términos de la Constitución Local y no se cometió ningún vicio.

• El robo de identidad se ha convertido en tiempos recientes en una de las conductas de más rápido crecimiento debido al uso generalizado de medios informáticos. Con la reforma al artículo 268 del Código Penal (impugnado), se pretende cubrir todos los supuestos en que puede darse la suplantación de identidad y el robo de identidad (completa o parcial) de una persona. La norma, precisamente, busca sancionar con penas de prisión a cualquiera que incurra en tal conducta y se atribuya la identidad de otra persona por cualquier medio, o que otorgue su consentimiento para llevar a cabo la conducta.

• La accionante se equivoca. El legislador sí contempló de forma clara, precisa y exacta las sanciones que corresponden a la conducta tipificada, por ello se determinó un parámetro mínimo y uno máximo de años para darle margen al juzgador de individualizar sanciones en términos de la gravedad del ilícito, e incluso una pena pecuniaria (multa) con su respectivo mínimo y máximo. Este marco es proporcional, de acuerdo con el artículo 22 constitucional.

• Contrario a lo que dice la accionante, el artículo 72, fracción I, del Código Penal local sí prevé que como penas se podrá imponer la prisión, la libertad supervisada, el trabajo en favor de la comunidad, la reclusión domiciliaria, la multa y la suspensión de derechos, e incluso como penas autónomas, ya sea como únicas, de manera conjunta o alterna entre sí o con otras penas, según se prevean para el delito de que se trate. Este marco de penas, junto con el máximo y mínimo de cada delito, permite al juzgador cuantificar la pena que va a imponer para el delito correspondiente.

5. Cierre de instrucción. Transcurrido el plazo legal de cinco días que se dio a las partes para que formularan sus alegatos por escrito, sin que éstas lo hubiesen hecho, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.(5)