VARIOS 27/2006-PS. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 197/2005.

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"ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo."

Sobre este mismo tópico, el Tribunal Pleno ha considerado que la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo procede, no sólo respecto de instituciones en ella contempladas que no se encuentran reglamentadas o que se haga de manera insuficiente, sino también en el caso de instituciones no establecidas en esa ley, siempre y cuando sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para dar claridad a la jurisprudencia y que la institución aplicada en forma supletoria no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios que rigen el amparo. Al efecto se emitió la tesis de rubro: "ACLARACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO. PROCEDE EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA SUSTANCIA DE LO DECIDIDO."1

Siguiendo este criterio, la Segunda Sala de este Tribunal amplió la aclaración oficiosa a las tesis dictadas cuando se resuelven las contradicciones de criterios, al resolver, el 19 de mayo del año 2000, la aclaración de la tesis jurisprudencial 2a./J. 5/98, derivada de la contradicción de tesis 41/97, entre las sustentadas por el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la que derivó la tesis que a continuación se transcribe y que esta Sala comparte:

"ACLARACIÓN DE TESIS JURISPRUDENCIALES DERIVADAS DE CONTRADICCIONES DE TESIS. PROCEDE SÓLO DE MANERA OFICIOSA PARA PRECISAR EL CRITERIO EN ELLAS CONTENIDO Y LOGRAR SU CORRECTA APLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO CONTRADIGA ESENCIALMENTE A ÉSTE. En el título cuarto, libro primero, de la Ley de Amparo, que abarca de los artículos 192 a 197-B, se establecen las bases, entre otros aspectos, para la creación, modificación e interrupción de la jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación; de tales preceptos destaca que en el segundo párrafo del artículo 197 de la ley invocada se establece que la resolución que se dicte en la contradicción de tesis no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias, lo que implica que las resoluciones donde se dirime una contradicción de tesis no resuelven un conflicto jurisdiccional entre partes contendientes, sino que únicamente se ocupan de definir el criterio que debe prevalecer en el futuro y que constituye la fijación de la interpretación de la ley; por tanto, si la resolución de las contradicciones de tesis tiene la finalidad de clarificar, definir y precisar la interpretación de las leyes, superando la confusión causada por criterios discrepantes, resulta lógica la consecuencia de que en aras de esa finalidad, la tesis jurisprudencial, sea susceptible de ser aclarada o precisada, pero siempre a condición de que lo proponga de manera oficiosa alguno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que, subsistiendo en lo esencial el criterio establecido se considere conveniente precisarlo para lograr su correcta aplicación, teniendo en consideración, además, que las reglas establecidas en la ley de mérito en cuanto a la creación, modificación e interrupción de la jurisprudencia se instituyeron para evitar que ésta permaneciera estática."

Conforme a lo anterior, y con fundamento, además, en los artículos 197 de la Ley de Amparo, 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente y, por analogía, en relación con los diversos numerales 223 a 226 del mismo ordenamiento, también aplicables supletoriamente en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, si la resolución de las contradicciones de tesis tiene la finalidad de formar jurisprudencia, para que con un criterio general y vinculante para los tribunales jerárquicamente inferiores a las Salas o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se clarifique, defina y precise la interpretación de las leyes, superando la confusión causada por criterios discrepantes, resulta lógica la consecuencia de que en aras de cumplir debidamente con dicha finalidad, cuyo fundamento es el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 17 constitucional, tanto las ejecutorias como las tesis jurisprudenciales que se emitan sean susceptibles de ser aclaradas o precisadas en caso de que presenten omisiones o dudas en su interpretación, pero siempre a condición de que lo proponga de manera oficiosa el órgano que resolvió la contradicción, como en el caso lo es esta Primera Sala, y siempre y cuando subsista en lo esencial el criterio establecido, conforme al principio constitucional de seguridad jurídica.

En consecuencia, esta Primera Sala se encuentra legitimada para aclarar la tesis de jurisprudencia publicada con el número 1a./J. 197/2005, en la página 327, del Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "", pues advierte que existen aspectos imprecisos que precisan ser aclarados, tanto en la ejecutoria que expone como en la tesis que sintetiza el criterio jurisprudencial.

Por tanto, esta Primera Sala plantea oficiosamente su aclaración, considerando que es la vía idónea para aclarar la sentencia ya citada, de la cual derivó la tesis jurisprudencial publicada en la página 327 del Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que motiva la presente solicitud. Ello en virtud de que, en el presente asunto, se plantean diversas dudas respecto de su aplicación e interpretación.

Resulta, por tanto, aplicable al caso la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida: