SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0642/2003-R

            Que, de acuerdo al art. 32 del DS  23318-A (modificado por el art. 1º del DS 26237) -aplicable al caso de autos-, el máximo ejecutivo o el ministro del sector, son responsables de la ejecución de las resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada. Lo que implica que una resolución del Juez sumariante no puede ejecutarse por el mismo ni por el Juez o Tribunal de apelación, si es que previamente la resolución impugnada no adquirió la calidad de cosa juzgada.

            Que, en el presente caso la autoridad recurrida procedió a ejecutar la resolución de destitución emitida por el Juez sumariante, antes de que la autoridad recurrida, como máximo ejecutivo de la entidad, conozca y resuelva en el fondo el recurso planteado por el recurrente; en consecuencia, esa determinación la tomó sin considerar la previsión del art. 32 del DS señalado e ignoró que en la especie todavía no existe resolución pronunciada dentro de la tramitación del proceso administrativo, que tenga la calidad de cosa juzgada.