SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1286/2003- R

Que, ante la perpetración de varios delitos que se cometieron contra su representado, interpuso querella penal en contra de Luis Ovando Candia y otros por los delitos incursos en los arts. 199, 335 y 337 del Código penal (CP), al haber hipotecado el bien inmueble que le vendieron, cuya acusación formal radicó en el Tribunal de los Jueces recurridos, los que atentando contra el debido proceso y dejando a la víctima en indefensión, declinaron jurisdicción y competencia en razón del territorio, aplicando indebidamente el art. 49 inc. 1) y 2) CPP, disponiendo que la acusación formulada en contra de los imputados sea remitida al Distrito judicial de Santa Cruz, bajo el errado argumento de que el delito motivo de la acusación se habría cometido en la ciudad de Santa Cruz, por cuanto los imputados tienen su residencia en esa ciudad y que debido a su salud no podrían trasladarse a este Distrito para asistir al juicio, con cuya determinación se le priva a su representado a que como víctima se verifique el juicio oral en el lugar donde se encuentran las pruebas materiales de los hechos delictivos perpetrados en su contra, toda vez que el bien inmueble que se dio en venta  y luego se hipotecó se encuentra en la ciudad de La Paz, más aún si los imputados se sometieron voluntariamente a la jurisdicción del Fiscal y del Juez Cautelar que conocieron la investigación.

Que ante la referida actuación de los jueces recurridos interpuso apelación; sin embargo, los vocales recurridos confirmaron la ilegal resolución mediante Auto de Vista 261/2003 de 12 de abril y Auto Complementario de 2 de mayo de 2003, resoluciones que vulneran las normas de jurisdicción y competencia previstos en los arts. 25 y ss. de la Ley de Organización Judicial (LOJ), 46, 49 y 310 del Código de Procedimiento Penal (CPP), además agravan la precaria economía de su representado, pues en su calidad de víctima no sólo está a punto de perder su derecho propietario sino que también se le está obligando a realizar gastos de traslado de fiscal, abogados, testigos y peritos, todo ello en beneficio de los imputados, por lo que al no proceder ningún recurso contra las citadas resoluciones interpone el presente amparo.