SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1323/2003-R

El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Salvador Ortiz Romero y otros, por la supuesta comisión de los delitos  previstos en los arts. 48,  53, 33-m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008), fue tramitado en rebeldía de su mandante y los demás co-procesados, habiendo sido designada como su defensora de oficio, la abogada Mónica Manrique Campusano, quien los asistió en el curso del proceso. En sentencia, su representado Ivar Iván Ortiz Sánchez,  fue condenado a sufrir una pena de  15 años  de presidio; fallo que fue confirmado por la Sala Penal Tercera a cargo de la autoridad recurrida, mediante Auto de Vista 126/02 de 11 de noviembre.

Añade que ni el indicado Auto de Vista ni su auto complementario fueron notificados a la defensora, vulnerando de esa manera el art. 308 del Código de Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972), e incurriendo en la nulidad prevista en el art. 297.6) del mismo cuerpo legal, además de impedir a la defensora de oficio  hacer uso de los recursos que le confiere el art. 258 CPP.1972. Pese a esa omisión, el recurrido firmó el oficio de devolución del expediente al juzgado de origen, donde se  ordenó la aprehensión y condena de su representado y del resto de los co-procesados, siendo evidente que con su actuación está amenazando el derecho a la libertad de su mandante.