SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0110/2004

Señala que la ley impugnada es inconstitucional porque vulnera los derechos, garantías y principios consagrados en los arts. 7 inc. a), 16 y 33 de la CPE, pues al modificar sustancialmente la Disposición Transitoria Tercera del CPP, dejándola sin efecto jurídico alguno y ampliar indefinidamente el tiempo de duración del proceso penal, cuando se tenía como especial garantía  para los procesados el cese del poder coercitivo del Estado en cinco años; la Ley 2683 se publica y de su texto se entiende que sus efectos se aplican a hechos originados y existentes antes de su vigencia, es decir, retrotrae sus efectos en el pasado perjudicando a los procesados, tornándose irretroactiva en perjuicio de todos los procesados que no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada; además la Ley impugnada no sólo es contraria a la Constitución Política del Estado, sino que es contraria a la SC 77/2002 en la que el Tribunal Constitucional ha ratificado que todo proceso con el anterior sistema debe concluir sin excepción alguna, en el plazo de cinco años, cuya aplicación es obligatoria por su carácter vinculante.