SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0593/2004-R

El Fiscal de Distrito recurrido, Francisco Borenstein Cuéllar, por informe escrito de fs. 131 a 134 señaló que el recurrente tenía conocimiento de la denuncia y querella presentadas en su contra y que una vez remitidas las diligencias de policía judicial, la causa fue sorteada al Juzgado Sexto de Instrucción, que por Auto de 4 de enero de 2002 ordenó la devolución de las diligencias al fiscal para que se pronuncie conforme los art. 301 y 302 del CPP, lo que dio lugar a un recurso de amparo constitucional en el que el Tribunal Constitucional determinó que la causa debía concluir en base al nuevo sistema procesal, razón por la cual, el fiscal Piérola presentó imputación formal contra el actor, que le fue notificada y puesta en conocimiento del Juez Cautelar; autoridad judicial que por Auto de 26 de julio de 2002 le conminó a formular requerimiento conclusivo, por lo que ordenó al Fiscal de Materia su presentación  en el plazo de cuatro días, de ese modo, el Fiscal inferior en jerarquía, presentó acusación contra el recurrente, que fue radicada en el Tribunal Cuarto  de Sentencia.

Con la acusación particular de la parte querellante y la acusación fiscal, el actor fue notificado el 27 de agosto de 2002, para el 6 de septiembre del mismo año ofrecer prueba y solicitar la corrección de procedimiento; petitorio que fue rechazado por el Tribunal por Auto de 16 de septiembre de 2002, por no encontrarse dentro de la economía procesal. El Tribunal emitió el Auto de apertura de juicio el 28 de diciembre de 2002 y después de resolver un incidente sobre competencia, señaló audiencia de juicio para el 17 de marzo de 2003, fecha en la que el recurrente presentó excepciones e incidentes que fueron rechazados por el pleno del Tribunal; concluyendo el juicio con la Sentencia condenatoria 10/2003 de 24 de marzo. Agregó que el actor anteriormente presentó un recurso de amparo contra el Juez Sexto de Instrucción y el Fiscal Anuncio Piérola Galvis, que fue declarado improcedente.