SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0682/2004-R

II.2.   El 23 de diciembre de 2003, en la audiencia de juicio oral, la acusada, Martha Suárez, interpuso excepción de prejudicialidad al tenor de los arts. 308.1 y 309 del CPP, alegando que para establecerse su responsabilidad como funcionaria pública debió ser sometida a un proceso administrativo, como determinan las normas previstas por el art. 174 de la Ley de Municipalidades (LM), pues ello era fundamental ya que de acuerdo al resultado de dicho proceso recién se le podría someter a un proceso penal; empero, el Tribunal Quinto de Sentencia declaró improbada dicha excepción, lo que motivó que la recurrente presentara apelación por escrito en cuyo petitorio señaló fundamentalmente que se revoque la resolución del referido Tribunal hasta que se cumplan los procedimientos extrapenales refiriéndose a un proceso administrativo que se iniciaría en base a una auditoría en el que ella podría aportar pruebas de descargo (fs. 12, 22-23).