SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1487/2005-R

III.2.  En el caso concreto, los jueces técnicos del Tribunal Primero de Sentencia corecurridos, junto con los jueces ciudadanos, pronunciaron la Resolución 9/2005, de 9 de febrero que rechazó la excepción de falta de acción y declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por las actoras, disponiendo el archivo de obrados y el levantamiento de las medidas cautelares, en base a las pruebas consistentes en el testimonio de la notaría 081 y en el informe documentológico de la PTJ. 

  La parte querellante interpuso recurso de apelación incidental contra la mencionada Resolución 9/2005, dando lugar a que los jueces técnicos corecurridos ordenen la remisión de los antecedentes a la Corte Superior para su Resolución. Sin embargo, tanto el corecurrido Secretario Abogado de dicho Tribunal como los jueces mencionados, omitieron hacer una revisión prolija de los antecedentes y pruebas a enviarse, remitiendo al Tribunal de alzada antecedentes incompletos y ninguna de las pruebas en que se sustentó la Resolución apelada 9/2005; y que previsiblemente debía ser analizada por el Tribunal de alzada, dada la naturaleza de la cuestión planteada.