SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0119/2005-R

Consecuentemente, el accionar del defensor de oficio, implica que el imputado en el sentido de la norma constitucional prevista en el art. 16.IV de la CPE, no ha sido juzgado en proceso legal, al no haber contado con una defensa material a su favor, teniendo en cuenta que este Tribunal Constitucional ha señalado en las SSCC 547/2002-R, 446/2002-R, 546/2002-R, 313/2002-R y 1091/2002-R, entre otras que: “...en cuanto a la violación al derecho a la defensa invocado, cabe precisar que cuando la Constitución establece que “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal” (art. 16.IV), está prohibiendo la imposición de toda sanción sin defensa. Es así que bajo este mandato que se halla conectado con los párrafos II y III del mismo precepto, el legislador ordinario ha creado la figura del defensor de oficio, para los casos en que el titular del derecho no ejercite el mismo. Resulta obvio la asignación de un defensor oficial en el sentido de que no se agota en la formalidad legal que tal acto implica, sino en la realización material del mismo; de ahí que conforme a esto, toda sanción de índole penal impuesta sin la observancia de las reglas anteriores “se tendrá por no existente e igualmente el procedimiento que la hubiere declarado” (así, segundo párrafo del art. 1 del Código de Procedimiento Penal de 1972).”