SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0240/2005-R

“...este Tribunal respecto al derecho de petición en la SC 189/2001 de 7 de marzo dejó sentado que con ... relación al derecho de petición que consagra la Constitución Política del Estado, en su art. 7 inc. h), debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta Resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta Resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa” (las negrillas son nuestras).

En el caso objeto de revisión, los memoriales de solicitud de libertad irrestricta presentados por los recurrentes han merecido los decretos de 4, 9  y 11 de febrero de 2005, en los que, el Juez ha determinado que tales pedidos sean considerados en audiencia, lo que se ajusta a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, ya que la situación jurídica de los encausados debe ser definida en audiencia toda vez que existe imputación formal y solicitud del Ministerio Público para que se  impongan medidas cautelares de carácter personal a los recurrentes, o sea que no se ha vulnerado el derecho a formular peticiones, pues existe la respuesta a las solicitudes antedichas, extremo que refrenda la improcedencia de este recurso.