SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0297/2005-R

Relata que Mirna Medina Cuadiay, Yolanda Cortés López y Víctor Vaca Torres, no obstante ser socios y no trabajadores, demandaron el pago de beneficios sociales contra la citada Asociación, por lo que restaron importancia a tal demanda; sin embargo, el Juez recurrido la declaró probada y la Corte Superior confirmó ese fallo, con lo que convalidaron el ilegal procedimiento, que de ser una acción eminentemente civil, quedó convertida en una acción laboral, circunstancia que se produjo porque las autoridades judiciales ignoraron los documentos que demuestran su condición de socios, ingresando así en la nulidad que prevé el art. 31 de la Ley Suprema.

Señala que, a consecuencia del proceso mencionado, el Juez ha librado mandamiento de apremio en su contra, con facultad de allanamiento y habilitación de días y horas inhábiles, sin que esto haya sido ordenado expresamente y sin que exista delito flagrante, único caso en que se puede disponer tales aspectos, conforme al art. 21 de la CPE, lo cual demuestra la vulneración de lo dispuesto por los arts. 143 del Código de procedimiento civil (CPC) y 257 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).