SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1043/2006-R

'El silencio administrativo, en consecuencia, es una presunción legal que le asigna un efecto positivo o negativo a la inactividad de la administración que no se pronuncia oportunamente con referencia a una petición del administrado, cuya finalidad se afinca en el interés de proteger al administrado contra la morosidad administrativa cuando requiere de un pronunciamiento expreso de la administración, de tal suerte que el legislador -debe entenderse así- privilegió el interés público, específicamente del administrado, al poner límite a la dilación del pronunciamiento de una resolución, y a cuya consecuencia, éste, o bien puede consentir con sus efectos siéndole favorable o no, o por el contrario, quedará habilitado para impugnar la determinación en pie'

          Dicho razonamiento debe ser aclarado, pues si bien el objeto del silencio administrativo (negativo o positivo) es precautelar el interés del administrado, dicha defensa la efectúa mediante la previsión de las consecuencias de la falta de respuesta de la administración a la petición; o sea, el silencio administrativo negativo consagra la previsión de un acto presunto como consecuencia de la falta de respuesta a la petición efectuada por el administrado, de tal forma que ante esa ausencia de respuesta, la ley ofrece al ciudadano la posibilidad de reclamar el fondo del asunto solicitado y negado por vía de silencio administrativo negativo, a través de los mecanismos de impugnación administrativos o jurisdiccionales; empero, no implica la satisfacción del derecho a la petición, porque este derecho fundamental, afinca su contenido esencial, no afectable por el legislador, en la obligación que tiene la autoridad administrativa de responder, en la forma y con el contenido previsto por ley al peticionante. Dicho de otro modo, el silencio administrativo negativo regula los efectos de la falta de respuesta al peticionante; empero, no implica respuesta, sino una forma de protección del fondo de lo solicitado por el peticionante, de tal modo que su pretensión no quede en estado de incertidumbre o irresolución, sino que la negativa a lo solicitado, por un acto presunto legalmente, pueda ser impugnado.

De lo expuesto, se deduce que el derecho a la petición proclamado por las normas del art. 7 inc. h) de la CPE, no encuentra satisfacción en el silencio administrativo negativo, porque su contenido esencial y legal es el de generar una respuesta formal y motivada por escrito, que resuelva el fondo del asunto peticionado, sea notificado al peticionante y en el plazo de ley; por tanto, el silencio administrativo negativo no exime la responsabilidad de las autoridades administrativas por lesión del derecho a la petición, afectación que puede ser reclamada en la vía de la jurisdicción constitucional, y también en la ordinaria, pudiendo el afectado por falta de respuesta acudir a la que corresponda de acuerdo a ley” (las negrillas son nuestras).

          En ese sentido,  se concluye que el alcance del derecho de petición va más allá del simple hecho de no emitir respuestas, sino que también implica pronunciar meras respuestas que conllevan evasivas o dilaciones sin pronunciarse en tiempo razonable sobre el fondo de la petición solicitada, por lo mismo el emitir respuestas que sólo dilatan injustificadamente el proceso sin efectuar un pronunciamiento de fondo en forma debidamente motivada y escrita -ya sea negando o concediendo lo solicitado de acuerdo al caso concreto- implica también una lesión al derecho de petición, pues al formular una petición el administrado tiene derecho de recibir una respuesta pronta y oportuna sobre el fondo de lo solicitado, sin que ello esté condicionado a la discrecionalidad de la autoridad pública pues dicha discrecionalidad no es aceptable en un estado de derecho, en el que las autoridades deben responder a las solicitudes que son de su conocimiento en el marco de una razonabilidad práctica, atendiendo el fondo de lo pedido en un tiempo razonable y sin generar dilaciones indebidas dentro del trámite común que la solicitud debe merecer.