SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1043/2006-R

          Siguiendo el citado razonamiento y refiriéndose a los supuestos para considerar la vulneración del citado derecho, la jurisprudencia constitucional señala lo siguiente: “(…) ese derecho se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita ni la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera razonable, sin que pueda tenerse por violado el derecho de petición, al darse una respuesta negativa en forma motivada, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica necesariamente una respuesta positiva, sino una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada”  0176/2006-R, de 17 de febrero (las negrillas son nuestras).

          Ahora bien, de acuerdo a la línea jurisprudencial glosada precedentemente el alcance del derecho de petición se encuentra íntimamente relacionado con la figura jurídica del silencio administrativo, situación ésta que ha sido desarrollada y precisada por la SC 0299/2006-R, de 29 de marzo, que establece lo siguiente: