SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0203/2006-R

“Todos los casos de denuncia contra alcaldes y/o concejales deben ser sometidos al procedimiento establecido en las normas previstas por los arts. 35 al 37 de la LM a fin de imponer la sanción; es decir, debe sustanciarse un proceso interno, dentro del cual deberá comprobarse la veracidad de los hechos que originen la causal de suspensión y emitirse la Resolución pertinente. Salvo los casos de suspensión temporal o definitiva previstos líneas arriba, en cuyo caso la suspensión procederá en forma automática a la sola comprobación de los hechos que la originen y la Resolución será sólo de carácter formal, conforme determina la norma prevista por el art. 36.II de la LM. Es necesario aclarar sin embargo que la misma norma establece para la suspensión automática, la comprobación previa por parte del Concejo de los hechos que la originaron, la emisión de la Resolución es una mera formalidad” (las negrillas y subrayado son nuestros).

         Consecuentemente, si bien en los casos de existencia de sentencia condenatoria a pena privativa de libertad la suspensión procede en forma automática, es necesaria la comprobación de los hechos que la originan, vale decir la demostración de que efectivamente existe sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad, lo cual deberá hacerse mediante el procedimiento previsto en el art. 35 de la LM y el Concejo Municipal emitir la resolución correspondiente, aunque de mera formalidad; empero, sin que puedan soslayarse estos aspectos como son la comprobación y resolución.