SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0498/2006-R

Los recurrentes alegan que la autoridad recurrida vulneró los derechos de su representado a la libertad física y a la libre locomoción, al haber expedido un ilegal mandamiento de apremio habiendo al efecto realizado una indebida aplicación del art. 216 del CPT, pues dicha disposición debió ser  analizada y aplicada en el marco del art. 59.III de la CPE y los arts. 1 y 4 de la Ley de Administración Presupuestaria; 4 inc. c) de la LOPE en cuanto a las atribuciones del Ministerio de Hacienda; 14 del DS 27849 y 12 de la Ley 3302, en consecuencia debió considerar el hecho de que su representado cumplió con la obligación social establecida en la sentencia de 19 de marzo de 2001, pues en el marco de sus competencias realizó la solicitud de presupuesto adicional, siendo claro que la aprobación o rechazo de estas gestiones no competen al SNC, sino más bien al Ministerio de Hacienda, tal como lo prevé el art. 12 de la Ley 3302. Corresponde analizar, en revisión, si de acuerdo a los datos del cuaderno procesal y las normas legales aplicables, se debe otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la CPE.