SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0498/2006-R

II.6.2. El interpuesto por María Elena Dips Prudencio, Deysy Rivera Torrico, Rafael Rivero Ayoroa y Ángel Kremsberger Ferrufino, en representación de José María F. Bakovic Turigas, Presidente Ejecutivo del SNC contra Adhemar Fernández Ripalda, Edgar Molina Aponte, vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz y Severo Hurtado Ribera, Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social, denunciando con relación al Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social que libró un ilegal mandamiento de apremio contra su representado, no obstante que nada tiene que ver en el proceso laboral, recurso resuelto a través de la SC 552/2005-R de 23 de mayo, que aprobó la improcedencia dispuesta por la resolución 21/2005, de 18 de abril de 2005, pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, sosteniendo que la denuncia interpuesta contra el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social “…está directamente vinculada con la problemática que se resolvió mediante la SC 336/2004-R, de 10 de marzo, en otro recurso de hábeas corpus también interpuesto a favor del representado de los recurrentes; entonces, la problemática contenida en la denuncia ya fue objeto de análisis y pronunciamiento de este Tribunal, en dicha Sentencia se determinó que el mandamiento de apremio librado por el Juez recurrido era legal, al haber sido expedido en ejecución de sentencia emitida dentro de un proceso judicial y en el marco de las normas previstas por el Código procesal del trabajo; por lo tanto, este Tribunal no puede volver a examinar el caso” (sic).