SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1724/2010-R

         En el caso examinado constituye de suma importancia que la Administración Tributaria especifique qué documentación corresponde ser presentada, por cuanto el accionante demostró que el propio Presidente Ejecutivo del SIN a través de la RA 13-0016-06 de 23 de octubre de 2006, por la que resuelve una consulta efectuada por Boliviatel S.A., determinó que el IVA e IT por concepto de llamadas internacionales originadas en el exterior entrantes en Bolivia, no se encuentran dentro de los alcances de dichos impuestos en mérito al principio de territorialidad; “A partir de lo cual, resulta evidente que las operaciones realizadas fuera del territorio de la nación no se encuentran gravadas por dichos tributos, justamente por el principio de territorialidad antes descrito” (sic.), que a pesar de tener la respuesta a la consulta, “…efecto vinculante para la Administración Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que la motivaron” (art. 117 del CTB), esta tiene influencia en los demás casos de empresas de comunicaciones que presentan similares, sino idénticas condiciones en sus actividades, tal como ocurre en el caso de AXS Bolivia S.A., por cuanto la Resolución Determinativa 286/2006, comprobó la existencia de tributos no declarados en lo que se refiere al IVA e IT por concepto de llamadas internacionales del exterior entrantes en Bolivia. Precisamente velando por el cumplimiento del principio del debido proceso, la norma precitada en su párrafo segundo, dispone que: “Si la Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la resolución que revoque la respuesta a la consulta”; es decir, que sus efectos persisten mientras no cambien los criterios de la Administración Tributaria sobre el objeto de la consulta, la misma que debe ser reformulada expresamente justificando los nuevos lineamientos asumidos.

         En ese entendido, se verifica que tanto la Gerencia de GRACO de La Paz, como la Superintendencia Tributaria Regional y la General, a través de las Resoluciones Determinativa 286/2006, de recurso de alzada STR/LPZ/RA 0346/2007 y de recurso jerárquico STG-RJ/637/2007, omitieron cumplir los principios administrativos precedentemente desarrollados, inclusive el principio de impulso procesal de oficio cuya finalidad es precisamente la de buscar la verdad material sobre los hechos cuestionados, que debió haber regido todo el procedimiento administrativo de determinación de deuda tributaria, en cada una de las instancias que activó el actual accionante con el fin de precautelar sus derechos, por cuanto en cada una de las resoluciones aludidas se constata que basan sus decisiones de mantener la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-85/2006 y por ende la Resolución Determinativa 286/2006, incólume ante la falta de presentación de “suficientes descargos” por parte del administrado, cuando el requerimiento de la documentación respaldatoria nunca se hizo efectiva por parte del sujeto activo del tributo.