SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1800/2010-R

El recurrente solicita la tutela de sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la defensa y la garantía del debido proceso, por cuanto en el proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público, por la supuesta comisión del delito de asesinato, fue condenado a pena privativa de libertad de treinta años, encontrándose con detención preventiva lo trasladaron al penal de Chonchocoro, donde se encuentra recluido. Interpuso recurso de apelación restringida, cuya audiencia de fundamentación oral, inicialmente debió realizarse en el indicado Centro penitenciario, empero, aduciendo imposibilidad económica para cubrir los gastos de traslado logró que se suspendiera. Posteriormente se fijó nueva audiencia a realizarse en la ciudad de Oruro, ordenándose también que debía cubrir los gastos de traslado. Determinaciones lesivas a sus derechos, dado que no podrá concurrir a la audiencia de fundamentación oral complementaria, restringiéndole de esta manera el derecho a la defensa. Recalca que su traslado al referido centro penitenciario, fue irregular, por lo que no puede ser responsable de los gastos de traslado, debiendo ser cubiertos por el Ministerio de Gobierno, considerando que no cuenta con una fuente laboral. En consecuencia corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales del recurrente a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.