SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2002/2010-R

El recurrente, interpone recurso de amparo constitucional contra Jaime Solíz Phiel, Fiscal de Distrito y Lorgio Viveros Sevilla, Fiscal de Materia, solicitando sea declarado procedente, dejando sin efecto:  a) La Resolución de rechazo  de 28 de diciembre de 2007,  dictada por el Fiscal de Materia;  y, b) La Resolución Fiscal de 11 de enero de 2008, emitida por el Fiscal de Distrito y se disponga la prosecución del proceso penal y se presente la imputación formal contra Luís Fernando Valdivieso Rivero y Claudio Llanos Rojas.

La justicia constitucional es el mecanismo institucional legítimo para resguardar las normas de rango constitucional, precautelar derechos fundamentales y resguardar el ejercicio del poder de los órganos públicos enmarcados en la Constitución, por tal razón, ésta se estructura sobre el llamado principio de Supremacía Constitucional y la nulidad e invalidez de actos de poder contrarios a la Constitución, teniendo por tanto este instrumento constitucional tres finalidades básicas a saber: a) hace respetar y prevalecer la Constitución y todas las normas y preceptos considerados supremos en relación a todo el sistema normativo infra-constitucional restante, que debe someterse a éstas; b) evita el “abuso de poder”, para que el Estado, a través de sus órganos y en el marco de la división y coordinación de los mismos, cumpla con sus fines esenciales; c) es la garante y celadora del respeto pleno y eficaz de los Derechos Fundamentales atribuidos a todas las personas.

Por lo expuesto, el control de constitucionalidad, se configura como una herramienta de la justicia constitucional y se caracteriza por ser un filtro jurídico de verificación del estricto cumplimiento de la Constitución, consagrándose como una de las mayores aspiraciones de la justicia, ya que garantiza el respeto, supremacía y vigencia plena de la Constitución como orden fundamental y fundador de toda la organización jurídico-social.