SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2032/2010-R

En aplicación del razonamiento de la jurisprudencia constitucional, los demandados, lesionaron el derecho a ejercer la función pública del accionante, al no realizar una interpretación correcta de las normas vigentes en su momento, específicamente de los arts. 34.I y 48.I de la LM, que interpretados desde la óptica constitucional, la SC 0306/2003-R de 17 de marzo, estableció que“(…) al no existir ya el Auto de procesamiento, se presenta la figura de la acusación fiscal que da lugar al inicio del juicio oral, por ende, el art. 34 LM debe ser interpretado desde la óptica del nuevo procedimiento penal”, entendiéndose como causal de suspensión temporal, la acusación formal fiscal; es decir, el procesamiento realizado por el Ministerio Público como legítimo encargado de la persecución penal; razonamiento ya aplicado a los artículos derogados, citados precedentemente, los mismos que guardan el mismo espíritu con la normativa vigente, a aplicarse en casos de suspensión temporal y destitución de autoridades electas, que abarca también a los concejales y alcaldes munícipes; regulada por la Ley 031, que indica: