SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2085/2010-R

Una atribución privativa de la jurisdicción ordinaria, asignada expresamente por ley a los jueces y tribunales de justicia, es la interpretación de la legalidad ordinaria, la misma que no corresponde ejercerla al Tribunal Constitucional, salvo situaciones excepciones sujetas a exigencias desarrolladas jurisprudencialmente. Así, en la SC 1110/2010-R de 27 de agosto, se señaló que: “La interpretación de la legalidad ordinaria entendida, como aquella labor exclusiva de los tribunales ordinarios a momento de interpretar y aplicar la norma al caso concreto es respetada y tomada en cuenta por este Tribunal; puesto que por previsión del art. 179.I de la CPE 'La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades'; no obstante, también en coherencia con una de las  finalidades del Tribunal Constitucional, que es el respeto y protección a los derechos fundamentales, de manera excepcional y si es que en dicha labor o competencia exclusiva de interpretación se han lesionado derechos fundamentales, se abre la tutela o protección que brindan las acciones de defensa”.