SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2119/2010-R

Debemos entonces entender el acto administrativo como la confianza expresada a los actos y decisiones del Estado y al servidor público, así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades públicas. De manera que aplicado este principio a las relaciones entre las autoridades públicas y los particulares, exige que la actividad pública se realice en un clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen, según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanados de la propia administración, además de certeza respecto a las decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas. El art. 4 inc. g) de la LPA, refiere al principio de legalidad y presunción de legitimidad, de las actuaciones de la Administración Pública, que al estar sometidas plenamente a la ley se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. Vinculado a ello, la SC 0998/2002-R de 16 de agosto, que ha sido desarrollada en la SC 0086/2010-R de 04 de mayo, refiere: "…tal entendimiento, queda plenamente sustentado en un razonamiento lógico y elemental, pues habiéndose basado el acto administrativo en el principio de la buena fe y culminado su proceso en una resolución, no puede el administrado y menos la Administración, por voluntad unilateral, dejarlo sin efecto, sea cual fuere la razón para ello, pues un actuar así, desnaturalizaría por completo los principios fundamentales en los que se asienta un Estado democrático de derecho (…) y por lo tanto (…) se presume la buena fe del profesional que realiza la gestión y del administrador público que emite la resolución, por lo mismo se presume su legitimidad y legalidad; en esa circunstancia, los ciudadanos deben tener confianza y seguridad no sólo del ordenamiento jurídico, sino de las actuaciones que han realizado ante las autoridades que ostentan el Poder Público, quienes deben asegurarles una convivencia pacífica y principalmente, permanencia y estabilidad de sus actos administrativos" (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Ahora bien, respecto a los efectos del acto administrativo, el art. 51 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, dispone sobre la estabilidad e impugnación del acto administrativo, expresando taxativamente lo siguiente: "I. El acto administrativo individual que otorga o reconoce un derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en sede administrativa, salvo que: a) La revocación sea consecuencia de un recurso administrativo interpuesto en término por un administrado. b) El administrado, de mala fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del vicio que afectaba al acto administrativo. c) La revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros. d) El derecho hubiese sido otorgado válida y expresamente a título precario. e) Se trate de un permiso de uso de bienes de dominio público. II. El acto administrativo individual, firme en sede administrativa, podrá ser impugnado ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo emitió o el superior jerárquico, cuando esté afectado de vicios y sea contrario a un interés público actual y concreto". Por último, el art. 59.II del citado cuerpo legal, prescribe que: "No procede la revocación de oficio de los actos administrativos estables que adquieran esta calidad de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento. La contravención de esta restricción obligará a la autoridad emisora del acto ilegal o a la superior jerárquica a revocarlo".

En este sentido, tenemos que el acto administrativo goza de una presunción de legitimidad; y esto otorga certeza al administrado de que la autoridad pública que emitió el acto se ceñirá a él respetándolo y haciéndolo cumplir, sin poder modificarlo o revocarlo de manera unilateral, y menos aún sin el conocimiento del administrado.