SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2164/2010-R

Sin embargo y siendo razonable la aplicación de la recomendación planteada, y que además es respaldada por la Ley, además de la norma precitada se resalta que de la determinación emanada, la accionante conforme el art. 6.III de la LPP pudo impugnar la misma por la vía ordinaria, pues así lo señala la norma al indicar “…sin perjuicio de que posteriormente las partes  puedan recurrir a las instancias del Poder Judicial definidas por ley. Mientras dure el conflicto, quedan suspendidos los derechos reconocidos en favor de las Organizaciones Territoriales de Base que sea parte de la controversia” (las negrillas son agregadas).

En consecuencia, se denota que la accionante acudió directamente a la acción de amparo, existiendo una vía concreta señalada por ley para que la accionante, pretenda hacer valer sus pretensiones, siendo la acción de amparo constitucional de carácter subsidiario debiéndose entender este precepto como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el amparo constitucional (SC 0374/2002-R, de 2 de abril); señalando asimismo la jurisprudencia establecida en la SC 0635/2003-R, de 9 de mayo, que: “…necesariamente el recurrente debe, utilizar cuanto recurso le franquee la ley, sea ante la autoridad o persona que lesionó su derecho o ante la instancia superior a la misma en caso que se trate de autoridad y, en el caso de particulares, acudir ante la autoridad que conforme a la naturaleza del acto ilegal u omisión indebida le pueda otorgar protección inmediata” .