SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0297/2010-R

El art. 115.II de la CPE establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a su vez al señalar en su art. 117.I de la Ley fundamental que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. En este sentido, el debido proceso, exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por Ley.

Al respecto, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, señalo "…se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales".