SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0373/2010-R

El recurso de amparo constitucional, constituye una garantía jurisdiccional extraordinaria que hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado vigente y las leyes, cuando éstos son restringidos, suprimidos o son amenazados de restricción y supresión por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, que este recurso se activa cuando no existen otros medios o vías efectivas para otorgar la tutela solicitada, en mérito a su naturaleza subsidiaria. El art. 128 de la CPE, norma al amparo constitucional como una acción, señalando que “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.”; disponiendo el art. 129 del mismo cuerpo normativo, que será interpuesto siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada, o de notificada la última resolución judicial o administrativa, quedando consagrados constitucionalmente los principios de inmediatez y subsidiariedad de esta acción tutelar.