SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0379/2010-R

Antes de entrar al análisis del caso concreto, es preciso referirnos concretamente a la línea jurisprudencial creada por la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, en la que se estableció las condiciones bajo las cuales se activa el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia la vulneración del debido proceso, que textualmente afirma que:

“…el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal.

De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional.

De acuerdo a lo señalado, el sentido de protección que la Ley Fundamental otorga a través del hábeas corpus, no está destinado a que los procesados que por negligencia no impugnaron la supuesta lesión al debido proceso, y dentro de éste el derecho a la defensa, puedan hacerlo a través del hábeas corpus, que por la índole del bien jurídico que protege no requiere de impugnación previa ni agotamiento de recursos; pues ello significaría, de un lado, un desvío o elusión de las competencias de los órganos y, de otra, como se precisó líneas arriba, una desnaturalización del recurso de hábeas corpus; asignándole fines distintos a los diseñados por el legislador constituyente, en desmedro del rol que le otorga al amparo constitucional”.

De la jurisprudencia desarrollada se concluye que en los casos en los que se denuncien vulneraciones al debido proceso, el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, solamente procederá cuando se demuestre que estos actos que vulneraron el derecho al debido proceso hayan sido la causa directa de la restricción de libertad y que por ese motivo el procesado haya estado en un absoluto estado de indefensión. Además esta jurisprudencia exige que el injustamente procesado haya reclamado la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, es decir, que el accionante haya asumido activamente su rol dentro del proceso mediante los recursos que prevé la ley, o dicho en otras palabras que haya agotado todos los medios idóneos antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Tal razonamiento sigue vigente mediante las SSCC 0118/2010-R, 0141/2010-R y 0122/2010-R.