SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0656/2010-R

Los ahora accionantes, a tiempo de interponer el entonces recurso de amparo constitucional invocó como único derecho vulnerado el “derecho a la seguridad jurídica”. Al respecto, cabe señalar que este Tribunal a través de la SC 0096/2010-R de 4 de mayo, señaló que si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: “A la vida, la salud y la seguridad”, a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del “derecho a la seguridad jurídica” como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado  promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, -art. 178 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE)-; y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Para mayor ilustración sobre lo afirmado, la misma Sentencia citó el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, refirió la STC 3/2002 de 14 de enero del Tribunal Constitucional Español, que estableció: “…la seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo”.