SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0809/2010-R

La recurrente, ahora accionante, solicitó tutela de sus derechos y los de su representado a la seguridad jurídica, al trabajo y a la protección del capital, denunciando que fueron vulnerados por cuanto: i) La autoridad prefectural anuló la resolución de adjudicación de obra en su favor, sin considerar que la incompetencia del Subprefecto era sólo de grado, situación que no se encuentra sancionada con nulidad; ii) Al tratarse de un acto anulable de acuerdo al art. 36 de la LPA, debió ser convalidado conforme el art. 37 de la misma Ley; iii) En situaciones similares y por importes mayores, la autoridad demandada convalidó los actos del Subprefecto, pero en su caso en vez de la convalidación optó por la nulidad, lo que constituye un tratamiento arbitrario y discriminatorio en su contra. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes y si corresponde otorgar la tutela que se pretende.