SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1240/2010-R

El recurrente, ahora accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso, aduciendo que, sin ser parte en ninguna de sus instancias del proceso penal seguido contra José Luis Vargas Suárez por el delito de estafa, Andrea Patricia Aponte Ávila le inició proceso de reparación de daños civiles, siendo condenado al pago de $us85 000.- determinación ratificada en apelación; asimismo, improcedente el amparo constitucional que interpuso contra los fallos de instancia, luego de lo cual planteó incidente de nulidad por defectos absolutos debido a que la apoderada actuó con poder insuficiente, al carecer de facultades para iniciar, proseguir y tramitar hasta su conclusión el proceso de reparación de daños en su contra; empero, fue rechazado por el Juez recurrido, hoy demandado, por Resolución de 4 de enero de "2005", ordenando la continuación del proceso, y en apelación incidental los Vocales correcurridos, ahora codemandados declararon improcedente el recurso sin radicar formalmente la causa para que pueda recusar, ni considerar los vicios del poder que constituyen defectos absolutos insubsanables y sin observar el art. 398 del CPP, pues la Resolución carece de congruencia con el recurso planteado. En revisión de la Resolución del Tribunal de amparo, corresponde determinar, en revisión, si se debe otorgar o no la tutela solicitada.