SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1482/2011-R

         En el mismo sentido se pronunció la reiterada jurisprudencia constitucional a través de diversas Sentencias, entre ellas la SC 2765/2010-R de 10 de diciembre, que señaló: “Antes de ingresar al fondo de la problemática a ser analizada, cabe señalar que dentro de las atribuciones del Presidente de la República, ahora Estado Plurinacional, se encuentra la de dictar Decretos Supremos y Resoluciones contemplados en los arts. 108.1 y 172.8 de la CPE, se establece que es deber de todos los bolivianos y bolivianas de conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En tal sentido un Decreto Supremo pronunciado por el Órgano Ejecutivo, constituye parte de la normativa legal nacional. Al respecto es menester resaltar que se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado, hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad, tal cual señala el art. 2 de la LTC”.