SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1671/2011-R
Fecha: 21-Oct-2011
II.7.
II.7. Por memorando 3098/09 de 21 de octubre de 2009, el Alcalde Municipal de Oruro, ordenó al Jefe de la Unidad de Bienes y Servicios, poner en conocimiento de todas las personas que participaron en el proceso de contratación, fotocopias del oficio 752/2009 e informes 43/09 y 96/09, de las Comisiones Administrativa y Financiera y Legal, respectivamente, indicando que, la nueva convocatoria se lanzaría en cuanto el Municipio contare con el Manual de Procedimientos de Disposición de Bienes Municipales (fs. 58). A su vez, el 13 de noviembre de ese año, el Jefe de la Unidad de Bienes y Servicios, instruyó a la Encargada “ARB.MUPLES a.i.”, notificar las dieciséis notas de conocimiento dirigidas a las personas que participaron en el proceso de contratación (fs. 59).
- I.1.1. Hechos que la motivan
- 1)
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- concediendo en parte
- i)
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- Núcleo esencial: Respuesta oportuna y eficaz, positiva o negativa
- Fragmento 18
- Fragmento 19
- las que obligatoriamente deberán ser atendidas
- 'no puede quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley
- los actos de la Administración Pública, sólo surten efecto desde su notificación o publicación, luego, el art. 33.I de la misma Ley, dispone que la Administración Pública debe notificar a los interesados todas las resoluciones que les afecten, estableciendo a continuación las formas en que dicha notificación debe efectivizarse, disponiendo que será incluso por edicto cuando el domicilio de la parte sea desconocido
- cuando una persona ejerce el derecho de petición, la autoridad pública pasiva del ejercicio de dicho derecho, está impelida a cumplir las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, que constriñe a las autoridades a que den respuesta a las peticiones efectuadas
- Casos en los que se invoquen otros derechos directamente vinculados con la falta de respuesta a las peticiones efectuadas
- III.3. Análisis del caso concreto y si amerita la tutela constitucional
- APROBAR