SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1671/2011-R

         El art. 24 de la Ley Fundamental, determina: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. Siendo el eje central sobre el que reside este derecho, la obtención de una respuesta oportuna y eficaz; es decir, en un plazo pertinente, comunicándole la decisión, lo que no implica que deba resolverse ineludiblemente accediendo a lo requerido, al depender ello de las circunstancias de cada caso en particular, pudiendo ser positiva o negativa. 

Efectuando un estudio de la doctrina sentada respecto a este derecho, la SC 0787/2011-R de 30 de mayo, puntualizó que derivan del mismo, dos aspectos: “… La de 'no ser castigado por solicitar algo al Estado…' y 'la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (…). Tal derecho a respuesta -independientemente del contenido de ella-, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y ésta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar' (Sagués, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999)”.

Por su parte, la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, siguiendo la línea jurisprudencial fijada por este Tribunal, estableció: “…debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”.

Determinándose que, se vulnera el derecho a la petición, cuando: “…a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado”( SC 1068/2010-R de 23 de agosto).