SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1915/2011

La acción de libertad ha sido instituida por el art. 125 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), como una acción de defensa del derecho a la libertad y a la vida a objeto de que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, pueda acudir ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Al respecto, este Tribunal a través de la SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: "La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE" (las negrillas son nuestras).

En consecuencia, se tiene que el derecho esencialmente tutelado por la acción de libertad, es la libertad física, de ahí el nombre de esta garantía inclusive, claro está, cuando se considere que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad personal, extensible también  a la libertad de locomoción y al derecho a la vida, relacionados con la restricción de dicho derecho.